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Audio y vídeo como pruebas del delito

30/11/2014

cctvEn octubre asistí a las Jornadas de Informática Judicial en Santiago de Compostela donde se trataron muchos temas de interés pero uno de los que más curiosidad me suscitó es el que propuso el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que dedicó parte de su exposición al tema del valor probatorio en el proceso penal de la imagen (vídeo).

No pretendo ni puedo pretender profundizar como él lo hizo ni como lo hará (al parecer está preparando algún tipo de trabajo al respecto) en el tema de la prueba audiovisual en el proceso penal, pero creo que hay algunos temas importantes que puedo esbozar para entender cómo funciona la prueba audiovisual, cómo se practica y valora y qué sucede con el respeto a los derechos fundamentales que en ocasiones la prueba audiovisual pone en jaque.

Propondré algunos casos prácticos y Sentencias que analizan casos relevantes.

VÍDEO y VOZ

Las grabaciones de vídeo y de voz son prueba válida en el proceso penal y tienen naturaleza de prueba documental, hecho que en definitiva se sustenta en la interpretación auténtica que de documento a efectos penales efectúa el artículo 26 del Código Penal (es documento todo soporte material que expresa datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria). De hecho, cualquier tipo de prueba que no sea de interrogatorio, testifical o pericial discurre por el terreno de la documental y se valora con la libertad de criterio judicial y por apreciación directa del Juez o Tribunal (726 LECr).

GRABACIONES DE VOZ ENTRE INTERLOCUTORES

La aportación al proceso de una grabación de audio efectuada por alguien que participa en el proceso de comunicación (un interlocutor) es siempre prueba válida y por definición nunca atentará contra el derecho al secreto de las comunicaciones.

El bugging (uno graba a otro) es válido incluso si se efectúa la grabación con desconocimiento del otro interlocutor (por ejemplo, se graba una conversación telefónica) e incluso si la finalidad de la grabación es la de aportar dicha prueba a un futuro juicio.

A los efectos de la estrategia penal siempre tenemos que partir de la base de la legalidad en la obtención de dichas pruebas. Cosa distinta es la oportunidad estratégica de presentar grabaciones de audio en el pleito penal que en ocasiones generan mucha susceptibilidad en el Juez o Tribunal, puesto que quien graba la voz de otro en muchas ocasiones denota cierta premeditación en la obtención de la prueba y, por tanto, puede sugerir escenarios en los que el contenido de la grabación haya sido “distorsionado o provocado”. La experiencia de sentido común es que las víctimas de delito en escasas ocasiones tienen oportunidad de grabar los delitos de los que son víctimas. Cuando el penalista recibe una grabación efectuada por la víctima del delito o de la confesión del sospechoso, pese a ser prueba válida, el abogado penalista debe valorar la conveniencia de utilizar dicha prueba si puede sugerir que la víctima habría “generado artificialmente” una conversación autoincriminatoria del sospechoso como fórmula de obtener la prueba del delito que no conseguiría obtener de otra forma.

A veces resulta difícil hacer entender a los clientes que la declaración de la víctima es prueba de cargo suficiente si cumple con los requisitos de valoración establecidos por el Tribunal Supremo y que sólo faltaría que tuviéramos que disponer de pruebas de voz o vídeo de los delitos cometidos para obtener su condena.

GRABACIONES DE VÍDEO

Las grabaciones de vídeo son evidentemente también prueba lícita mientras no atenten contra derechos fundamentales dignos de protección y concretamente el conflicto habitual es el que se produce con el derecho a la intimidad (o la privacidad).

No entraré en debates doctrinales sobre el concepto de privacidad o la “expectativa razonable de privacidad” como definidora de los límites de la injerencia externa, pero lo que resulta evidente es que las grabaciones de vídeo pueden efectuarse en cualquier espacio donde no se desarrolle la privacidad, independientemente de la titularidad del lugar que se graba.

Así, no serán válidas grabaciones dirigidas al interior de domicilios o espacios protegidos por el derecho a la inviolabilidad del domicilio o la intimidad, como tampoco lo serán las que se efectúen en lugares públicos en los que también pueda desarrollarse una actividad con expectativa de privacidad frente a terceros (lavabos o probadores en negocios abiertos al público).

PRÁCTICA Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDIO Y VÍDEO

Como cualquier prueba documental, las grabaciones deben practicarse en el Juicio Oral a través del examen directo del Juez o Tribunal (726 LECr) y mediante la exhibición o escucha de la prueba de video o audio durante la vista, prueba que se valorará según el criterio de libre valoración judicial.

En la práctica habitual el abogado debe tener la precaución de solicitar la aportación de medios técnicos para hacer efectiva la práctica de la prueba de audio o video, singularmente a través de solicitarlo en el escrito de conclusiones provisionales en previsión de que estén los medios disponibles para la vista, puesto que en caso contrario podría producirse una situación de imposibilidad técnica de práctica de la prueba que en ocasiones puede volverse en contra de quien pretendía utilizar dicha prueba (En la STS de 14 de abril de 1997 el Tribunal Supremo rechazó la casación basada en falta de práctica de la documental puesto que la proponente no solicitó oportunamente los medios técnicos necesarios para la audición o visionado de la prueba).

INTEGRIDAD DE LA PRUEBA VIDEOGRÁFICA

Un tema de mucha importancia que afecta a las posibilidades de valorar una prueba de vídeo como de cargo, es la de la naturaleza e integridad del vídeo que llega al juicio oral. Es muy indicativa de dicha cuestión la Sentencia (a día de hoy en fase de recurso) de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en el caso “Aturem el Parlament” (link a comentario y Sentencia) donde se desechó como material probatorio el compendio de vídeo efectuado por la policía sobre el suceso enjuiciado que era una manifestación de protesta ante el parlamento de Cataluña que presuntamente impidió el ejercicio normal de la función parlamentaria en junio de 2011.

La doctrina que emana de dicha Sentencia confirma que no puede tener valor probatorio de cargo cualquier material de vídeo si existe una fuente de prueba genuina y auténtica, pues sólo sería ésta la válida y que garantizara los derechos y garantías del acusado.

Así, las grabaciones para poder ser valoradas como pruebas de cargo deben:

  • Ser puestas a disposición judicial de forma rápida (garantía, en definitiva, de la cadena de custodia, ver un post al respecto en este mismo blog).
  • Hallarse en su soporte original.
  • Incorporarse de forma íntegra.
  • Practicarse en juicio a través de su visionado.

Evidentemente determinado material puede ser “seleccionado” pero ello siempre debe hacerse bajo fe pública y control judicial. Las “selecciones” efectuadas, por ejemplo, por la policía de determinadas imágenes podrían descontextualizar los hechos impidiendo su valoración aislada con efectos de determinar la culpabilidad.

Dicha doctrina es análoga a la proscribe el análisis de “fotogramas” cuando se disponga del archivo de vídeo original, puesto que no tiene ninguna justificación valorar pruebas manipuladas o editadas cuando existe un original genuino. Dicha justificación no tiene tanto que ver con la posibilidad de valorar o no “un trozo de vídeo” sino con la garantía de los derechos del acusado que tiene que participar con plena contradicción en la práctica de la prueba y por tanto no puede impedírsele el acceso al material original completo.

No es que no pueda valorarse “medio vídeo” sino que no vale valorar “medio vídeo” cuando tenemos posibilidad de ver el “vídeo completo”.

Como anécdota relataré una experiencia personal ilustrativa de lo anterior:

En una ocasión defendí a un ciudadano acusado de tentativa de robo con fuerza, acusado a partir de una grabación de vídeo en la que aparecía forzando una persiana metálica de un bar, sin llegar a sustraer finalmente nada del interior. La acusación se sustentaba en unos fotogramas de cámaras de seguridad que reflejaban al sujeto forzando la persiana metálica e introduciendo su cuerpo dentro del bar, y al tiempo en la evidencia de que nada había sido sustraído. En este caso, la solicitud del vídeo original arrojó nuevos datos, puesto que se apreciaba efectivamente al acusado forzando la puerta y entrando, pero se añadía en la fuente de vídeo original una contextualización más precisa puesto que el acusado volvía a salir rápidamente en una actitud dubitativa (parecía que no sabía si volver a entrar) que hacía pensar, como se apreció en Sentencia, que se había producido un supuesto de desistimiento voluntario en la ejecución del delito (artículo 16.2 CP). El acusado, en definitiva, se había “echado atrás” en su plan. En este caso el material original determinó la absolución del delito que se decía que era intentado y la condena se produjo únicamente por la falta dolosa de daños en la persiana metálica.

GRABACIONES CON CÁMARA OCULTA

Como ya se avanzaba, la grabación subrepticia desconocida por un interlocutor no arroja problemas de legalidad, pero ello ha suscitado dudas con relación al uso de las “cámaras ocultas” de equipos de investigación periodística, etc.

Y aquí resulta interesante recurrir como precedente a la STS de 28 de octubre de 2013 del caso Ginemedex o del Dr. Morín en la que el Tribunal Supremo casó y ordenó repetir el macrojuicio a la clínica barcelonesa de interrupción del embarazo, diciendo entre otras cosas que la Audiencia Provincial había anulado indebidamente la prueba de cámara oculta.

El razonamiento del Tribunal Supremo tiene su lógica cuando aboga por el estudio caso-por-caso de la legalidad de dicho tipo de pruebas de vídeo bajo parámetros de proporcionalidad que deberán efectuarse valorando todos los derechos e intereses en juego. La proporcionalidad puede resultar una regla con mucha incertidumbre, pero en realidad la función judicial es precisamente esa: ponderar derechos y argumentar la solución de forma que pueda ser entendida y, en su caso, impugnada por las partes.

En ocasiones la injerencia en un derecho fundamental determinará la nulidad de la prueba por desproporción y en otras ocasiones no resultará en nulidad por existir proporcionalidad entre la lesión del derecho y la legítima finalidad de la investigación. Eso mismo sucede en el caso de las intervenciones telefónicas, las balizas para el seguimiento de sospechosos o incluso con el secreto de las actuaciones.

En definitiva, una grabación con cámara oculta no siempre será prueba válida ni siempre será ilegal, sino que dependerá de la gravedad del hecho investigado, el grado de injerencia en el derecho afectado y demás condicionantes que el juez deberá valorar y ponderar para determinar la regularidad de la investigación y la posibilidad de valorar la prueba.

En el magnífico blog de Juan Antonio Frago se comenta la mencionada Sentencia y todo el tema de las grabaciones subrepticias en el siguiente post.

CÁMARAS FIJAS DE VIDEOVIGILANCIA

Un supuesto también interesante y muy polémico en el que se analizó la validez de la prueba de grabación de vídeo sucedió en el juicio por asesinato cuyas Sentencias constan en el siguiente post. El TSJ Cataluña determinó la nulidad de las grabaciones de videovigilancia que recogieron el asesinato y permitieron identificar al asesino por haber vulnerado el derecho a la propia imagen y a la autodeterminación informática del culpable.

La STSJ Cataluña que determinó la nulidad de la prueba se produce en un caso en el que la condena, sin embargo, se mantiene en base a otras pruebas de cargo no afectadas de conexión de antijuridicidad. Los abogados tenemos mucho pavor a dicho tipo de Sentencias puesto que al mantener un pronunciamiento condenatorio acostumbran a resolver temas importantes de forma tangencial u obiter dicta con efectos muy distorsionadores de la seguridad jurídica. En definitiva, si la única prueba del asesinato hubiera sido el vídeo no está muy claro que la resolución judicial hubiera argumentado de la misma forma.

Sea como fuere, el pronunciamiento del TSJ Cataluña anula la grabación e identificación del asesino porque la cámara de seguridad enfocaba a la vía pública (en contravención a la normativa administrativa que regula las cámaras de seguridad) y porque el empleado de seguridad que advirtió el asesinato accionó un sistema de zoom y dirección de la cámara que precisamente permitió la identificación del asesino. La Sentencia no sólo anula la prueba de vídeo sino también la testifical del vigilante, contaminada de nulidad según el Tribunal.

En conclusión, la materia es muy compleja y aún falta de análisis, por lo que estaremos a la espera del artículo o libro que tenga a bien realizar Eloy Velasco que, como todo lo que hace, seguramente será de una calidad técnica notable, dejando únicamente como muestra uno de los artículos suyos sobre la materia.

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Sobre mí

Andreu Van Den Eynde Me dedico desde hace 18 años a la defensa y asesoramiento especializados en materia penal, ejerciendo como abogado ante los juzgados y tribunales españoles en la defensa de los intereses de mis clientes en todo tipo de conflictos.

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